Veedurías urgentes:
Es hora de crear y activar los procesos de veedurías cívicas y ciudadanas para los millonarios contratos públicos que permitirán recuperar la destruida red vial de Caldas.
Nadie niega en estos momentos que no sea urgente reparar, recuperar o reconstruir la red vial de Caldas, mucho más después del destructor invierno que todavía no cesa. Por algo se le dio todo el apoyo a la iniciativa que finalmente se convirtió en ordenanza del Departamento y que plantea, para los tres años de mandato que le quedan al gobernador Mario Aristizábal, la inversión de un billón de pesos, dinero que se destinará al arreglo de las principales carreteras propias.
Pues bien, ya salió la primera convocatoria para uno de los muchos frentes de trabajo que se tienen previstos y más demoró el gobierno seccional, por intermedio de Inficaldas, en colgar la generalidad de los términos de referencia de la misma en su página Web, que varios de los ingenieros en sentar su voz de protesta porque se están cambiando, según ellos, los requisitos de participación inicialmente establecidos.
Al menos eso fue lo que quedó al descubierto con la información que publicó este Diario el sábado pasado en la que se advierte sobre una diferencia de criterios dentro de los términos de referencia de una licitación pública que abrió el órgano descentralizado para pavimentar y reconstruir ocho kilómetros de carretera entre Río Guarinó, Manzanares y Pensilvania, en el oriente de Caldas y cuyo costo se definió en seis mil 774 millones de pesos.
Argumentan los denunciantes que de manera extraña y sin mucha información se definió tarde (un viernes) en internet la hora de la visita al sitio de la obra que debía ser el martes siguiente, pero que no asistió nadie del gobierno seccional. Por esa razón hicieron un acta que debió firmar el Secretario de Gobierno de Manzanares y que fue autenticada en una notaría. Un día después al reclamar los ingenieros en Inficaldas por el incumplimiento a la cita, les indicaron que ese proceso no tenía validez y que debían someterse a nuevas reglas que fueron dadas a conocer en un aviso legal publicado en ese Diario (11 de diciembre).
No se sabe qué pueda pasar con esto, lo cierto es que tengan o no la razón los ingenieros asistentes, piensan hacer respetar el derecho que dicen tener y si para ello es necesario demandarán a Inficaldas por dicha licitación. El asunto preocupa, pues se trata del primer proceso legal de asignación de obra dentro del llamado Plan del Billón y ya hay enredos, y si eso es así, ¿entonces qué esperar para lo que viene? La sola “colgada” en Internet de los pliegos, sin condiciones de anticipación de su divulgación, tiempo de permanencia o de posibles cambios en los mismos puede ser un mecanismo inseguro e insuficiente si no se le dan unas reglas de publicación muy claras. Creemos que es el momento de definir los mecanismos de veeduría ciudadana y de convocatoria pública transparente para evitar posibles líos, demandas y escándalos frente a toda la contratación pública que se viene por la asignación de obras para recuperar las vías de Caldas.
El gobernador Mario Aristizábal ha dicho que está dispuesto a ello, por eso invitamos a que la Corporación Cívica de Caldas y gremios como el de los ingenieros, los arquitectos, el Comité Intergremial y juntas de vecinos y amigos de los municipios que se beneficiarán con las obras se pongan al frente de las mismas para verificar que lo que se vaya a hacer se ajuste a las condiciones de pliegos y exigencias. Si ello se hace, tanto los constructores como el gobierno seccional se consagrarán al final de los trabajos pues los caldenses, sin duda, sabrán reconocer semejante esfuerzo.
Nadie niega en estos momentos que no sea urgente reparar, recuperar o reconstruir la red vial de Caldas, mucho más después del destructor invierno que todavía no cesa. Por algo se le dio todo el apoyo a la iniciativa que finalmente se convirtió en ordenanza del Departamento y que plantea, para los tres años de mandato que le quedan al gobernador Mario Aristizábal, la inversión de un billón de pesos, dinero que se destinará al arreglo de las principales carreteras propias.
Pues bien, ya salió la primera convocatoria para uno de los muchos frentes de trabajo que se tienen previstos y más demoró el gobierno seccional, por intermedio de Inficaldas, en colgar la generalidad de los términos de referencia de la misma en su página Web, que varios de los ingenieros en sentar su voz de protesta porque se están cambiando, según ellos, los requisitos de participación inicialmente establecidos.
Al menos eso fue lo que quedó al descubierto con la información que publicó este Diario el sábado pasado en la que se advierte sobre una diferencia de criterios dentro de los términos de referencia de una licitación pública que abrió el órgano descentralizado para pavimentar y reconstruir ocho kilómetros de carretera entre Río Guarinó, Manzanares y Pensilvania, en el oriente de Caldas y cuyo costo se definió en seis mil 774 millones de pesos.
Argumentan los denunciantes que de manera extraña y sin mucha información se definió tarde (un viernes) en internet la hora de la visita al sitio de la obra que debía ser el martes siguiente, pero que no asistió nadie del gobierno seccional. Por esa razón hicieron un acta que debió firmar el Secretario de Gobierno de Manzanares y que fue autenticada en una notaría. Un día después al reclamar los ingenieros en Inficaldas por el incumplimiento a la cita, les indicaron que ese proceso no tenía validez y que debían someterse a nuevas reglas que fueron dadas a conocer en un aviso legal publicado en ese Diario (11 de diciembre).
No se sabe qué pueda pasar con esto, lo cierto es que tengan o no la razón los ingenieros asistentes, piensan hacer respetar el derecho que dicen tener y si para ello es necesario demandarán a Inficaldas por dicha licitación. El asunto preocupa, pues se trata del primer proceso legal de asignación de obra dentro del llamado Plan del Billón y ya hay enredos, y si eso es así, ¿entonces qué esperar para lo que viene? La sola “colgada” en Internet de los pliegos, sin condiciones de anticipación de su divulgación, tiempo de permanencia o de posibles cambios en los mismos puede ser un mecanismo inseguro e insuficiente si no se le dan unas reglas de publicación muy claras. Creemos que es el momento de definir los mecanismos de veeduría ciudadana y de convocatoria pública transparente para evitar posibles líos, demandas y escándalos frente a toda la contratación pública que se viene por la asignación de obras para recuperar las vías de Caldas.
El gobernador Mario Aristizábal ha dicho que está dispuesto a ello, por eso invitamos a que la Corporación Cívica de Caldas y gremios como el de los ingenieros, los arquitectos, el Comité Intergremial y juntas de vecinos y amigos de los municipios que se beneficiarán con las obras se pongan al frente de las mismas para verificar que lo que se vaya a hacer se ajuste a las condiciones de pliegos y exigencias. Si ello se hace, tanto los constructores como el gobierno seccional se consagrarán al final de los trabajos pues los caldenses, sin duda, sabrán reconocer semejante esfuerzo.
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